CONSELL DE CAMBRES DE LA PROPIETAT URBANA DE CATALUNYA
Ante la convocatoria del Sindicato de Inquilinas de una huelga de alquileres, el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya manifiesta su rechazo frontal a tal actitud.
Tanto los propietarios particulares como las empresas inmobiliarias están haciendo un esfuerzo para atender personalmente los casos de aquellos inquilinos que debido a la crisis provocada por el COVID-19 han visto disminuidos sus ingresos, sea por la afectación sobre su actividad empresarial o laboral.
Con quien lo solicita, se han negociado aplazamientos, reducciones e incluso condonaciones de los alquileres. Los propietarios están considerando la situación de los inquilinos pero también deben valorar sus propias circunstancias personales por lo que el margen de negociación en cada contrato pasa por un acuerdo asumible por ambas partes.
Una gran parte del parque de alquiler, especialmente residencial y pequeños locales de negocio, está en manos de pequeños propietarios particulares que necesitan las rentas generadas por el alquiler para sufragar sus gastos mensuales y este colectivo no está en condiciones de hacerse cargo del coste de una moratoria indiscriminada de los alquileres.
Tampoco las sociedades patrimoniales pueden atender de forma indiscriminada la suspensión de pagos de los alquileres, la mayoría de ellas son de carácter familiar y no disponen de recursos para soportar tal situación.
Además, las rentas sirven para sufragar los gastos generales de las fincas que la crisis del coronavirus no detiene como son, impuestos, gastos de comunidad, de mantenimiento y conservación, seguros y salarios.
Entendemos que la carga que supone la presente crisis debe repartirse de forma equitativa y el instrumento para ello es el presupuesto del Estado a través de la política fiscal. Todo el sector inmobiliario está dispuesto a implicarse en la solución, pero no está en condiciones de asumir íntegramente el coste de la política social de vivienda.
Es el momento de unir esfuerzos y no de adoptar posturas políticas partidistas que no aportan soluciones.
Barcelona, 30 de marzo de 2020
