A partir de septiembre la Generalitat pagará el alquiler de las personas vulnerables con fecha de desahucio fijada y que estén a la espera de una vivienda con alquiler social.
La medida se enmarca en el programa Reallotgem, dotado inicialmente con 20 millones de euros y que prevé cubrir al menos 1.500 casos de familias que cumplen los requisitos de la mesa de emergencia de la Generalitat.
La idea es que el Gobierno asuma los costes de las personas afectadas por una orden de expulsión, independientemente de si se trata de una ocupación o un caso por impago del alquiler.
El funcionamiento es el siguiente: la Generalitat actuará como inquilina ante el propietario y cubrirá los costes de alquiler de estas familias con contratos de entre 5 y 7 años de duración y al precio indicado por el índice de referencia establecido en la ley de arrendamientos urbanos.
Como resultado, las familias que se acojan a la medida deberán abonar entre el 10% y el 18% de sus ingresos -lo que serían de media unos 70 euros mensuales de alquiler- y será la administración quien pagará el importe restante al propietario hasta llegar al precio que marca el contrato. En los casos de alquiler, el gobierno también asumirá hasta seis meses de la deuda que hayan acumulado.
Cómo se hará?
La fórmula que utilizará el Gobierno para poder facilitar estas ayudas se fundamenta en dos contratos de alquiler diferentes:
- Un primer documento que firmarán la Generalitat y el propietario una vez lleguen a un acuerdo, y
- Un segundo entre la Generalitat y el inquilino en riesgo de perder su casa.
Siempre dependerá de la «buena voluntad» de los propietarios, que en ningún caso estarán obligados a entregar la vivienda. De ahí que el Gobierno prevé la posibilidad de asumir el coste del alquiler mientras duren las negociaciones -como garantía de cobro para los propietarios- y mientras buscan una vivienda alternativa por si no se llega a un acuerdo. En este último caso, se insistiría a todos los ayuntamientos para buscar una solución.
Los contratos se firmarán uno por uno y de manera bilateral entre la Generalitat y los propietarios. Pero de la medida se excluyen aquellos que ya están obligados a ofrecer un alquiler social a las familias antes de iniciar el desahucio (son los propietarios grandes tenedores que sean personas jurídicas y que dispongan de 15 pisos o más en propiedad, según establece la ley 24/2015).
A corto plazo, el Gobierno espera que se puedan beneficiar de esta herramienta las 185 familias con fecha de desahucio fijada entre principios de septiembre y mediados de octubre, pero es seguro que los casos serán «muchos más», especialmente a raíz del fin de la moratoria que prohíbe los desahucios a familias vulnerables el 9 de agosto (parece -cuando redactamos esta nota- que el Gobierno alargará el plazo hasta 31 de octubre de 2021).
