El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Tarragona del pasado 2 de noviembre votó en contra de la propuesta del equipo de gobierno de incrementar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 3,9% y de la Tasa de Recogida de Basura en un 5% para el año 2022. Según el gobierno, este hecho supondrá la reducción de los ingresos municipales en 2,6 millones de euros. En el mismo período de tiempo hemos conocido la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales los artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que hacen referencia al cálculo de la base imponible de la conocida como plusvalía municipal, imposibilitando de hecho su liquidación hasta que el legislador modifique la ley (ver artículo anterior).
Tarragona es la segunda capital de provincia con el mayor tipo impositivo en el IBI de los bienes urbanos, sólo superada por Lleida, y un aumento como el propuesto incrementaría a unos niveles excesivos la carga fiscal sobre los propietarios de inmuebles. También debemos tener en cuenta la incertidumbre de la situación económica, con una inflación al alza y una revisión a la baja de los indicadores económicos (PIB, principalmente) por factores como el encarecimiento de la energía, de las materias primas y las dificultades de abastecimiento en algunos productos que hacen poco aconsejable un incremento de impuestos.
La Cámara de la Propiedad Urbana, pese a ser consciente de la delicada situación de las arcas municipales, considera que la solución no pasa por incrementar nuevamente la carga fiscal sobre los propietarios y, por extensión, al resto de contribuyentes, sino por una modernización de la administración y una reforma a fondo de la tributación local incrementando su participación en los impuestos estatales como el IVA y el IRPF.
