Barcelona

FAQs de la Cambra

Para poder alquilar la vivienda es necesario disponer de un título que acredite la propiedad o el derecho a disfrutar de los frutos del bien (usufructo). También es necesario disponer del certificado de eficiencia energética y de la cédula de habitabilidad en vigor.
Estos documentos deben acompañarse al contrato de arrendamiento junto con el índice de referencia de precios de alquiler.

La Ley aplicable a todos los contratos desde el 1 de enero de 1995, es la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de 1994.

Esta norma se ha modificado en distintas ocasiones. La última modificación ha sido mediante el Real Decreto-Ley, 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Es el documento administrativo que acredita que una vivienda cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad según la normativa vigente. La cédula también indica el número de personas que pueden ocupar una vivienda.

El certificado de eficiencia energética es el documento que acredita que la vivienda tiene una determinada calificación energética y se acredita con la etiqueta de eficiencia energética (obligatorio desde el 1 de junio de 2013).

Es un indicador, de carácter informativo, que permite conocer el precio medio calculado por la administración del metro cuadrado de alquiler de una vivienda ubicada en una zona determinada y con unas características específicas.
Actualmente, la Ley del “Derecho a la Vivienda”, obliga a hacer constar, de forma informativa, este índice en el contrato de arrendamiento.

La duración del alquiler es libre. Ahora bien, la Ley de arrendamientos Urbanos obliga a que el arrendador se someta a unas prórrogas legales obligatorias si se pacta por una duración inferior a la mínima establecida por la ley. En el caso de las personas físicas estas prórrogas obligatorias tendrán que respetar una duración mínima de 5 años desde la firma del contrato y, en caso de las personas jurídicas, como mínimo 7 años.

La que libremente pacten las partes en el contrato.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, 7/2019, de 1 de marzo, el plazo de preaviso que debe respetar el arrendador para notificar la finalización del contrato al arrendatario es, como mínimo, de 4 meses. En el caso del arrendatario, será de 2 meses de antelación.

Actualmente la renta no está sometida a ninguna limitación. Las partes podrán pactar libremente su importe.

De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, es obligatorio depositar una fianza en el INCASUEL. En los casos de arrendamientos de vivienda el mínimo legal deberá ser una mensualidad de la renta y un máximo de tres mensualidades de la misma. En los casos de arrendamientos de uso distinto a vivienda el mínimo legal obligatorio será de dos mensualidades y no tendremos máximo legal.

Sí, una persona jurídica podría ser inquilino siempre que tenga la capacidad de contratar y obligarse mediante un representante legal.

La vivienda debe alquilarse con las condiciones mínimas de habitabilidad. Por tanto, la instalación de agua, electricidad y gas deben estar en la finca. Sin embargo, no es un requisito legal que los suministros estén dados de alta si así se acuerda en el contrato de arrendamiento. Una vivienda podría ser arrendada con las instalaciones adecuadas pero con los suministros dados de baja.